Los procesos de liberalización y externalización de funciones públicas en favor de entidades privadas han supuesto una reconfiguración delámbito material del Derecho administrativo del que también ha traídocuenta la regulación de transparencia pública. El resultado de ello ha sido la articulación de un entramado de obligaciones informativasaplicable a agentes privados -no públicos- que reciben fondospúblicos, intervienen en el ejercicio de funciones administrativas odesarrollan servicios públicos y que trata de controlar elcumplimiento de la legalidad y un adecuado uso de los recursospúblicos. En el presente trabajo se examinan las diferentesgradaciones e intensidades a través de las que la legislación somete a estos sujetos privados a obligaciones de transparencia pública, dedicando especial atención a los arts. 3 y 4 de la Ley 19/2013, de 9de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como a cualesquiera otras previsiones con las queguardan relación. Para ello se ha tratado de encontrar la lógicainterna que se esconde detrás de las obligaciones que se les imponen, así como de describirlas y compararlas, con el objeto de ofrecer unaserie de sugerencias de lege ferenda que, si fuesen tenidas en cuenta, otorgarían de mayor consistencia el régimen normativo generalaplicable
